el caso de primo

 

El ingeniero y empresario cubano Conrado Hernández, condenado por espionaje en 2011 y asociado al proceso que provocó la caída de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, salió de prisión con el beneficio penitenciario de un régimen de encierro más benigno, informaron a CiberCuba fuentes cercanas a la familia.

Hernández, que está a punto de cumplir 70 años y tiene algunos problemas de salud, era delegado de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), entidad del gobierno vasco en La Habana, cuando fue detenido con su esposa el 14 de febrero de 2009, a punto de tomar un vuelo hacia España.

Todo parecía indicar que se trataba de uno de de los tantos casos de corrupción en sectores con acceso a las divisas. Las primeras informaciones sobre el caso aseguraban que Hernández había conseguido favores a empresarios vascos a cambio de comisiones.

En realidad, la corrupción era una maniobra de despiste.

Todo quedó claro dos semanas después, cuando fue arrestado otro amigo de Hernández, el médico Raúl Castellanos Lage, primo hermano de Carlos Lage y responsable de inversiones en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana.

El 3 de marzo del 2009, un comunicado oficial del Consejo de Estado anunció la defenestración de Lage y Pérez sin explicar los motivos. Un día después, Fidel Castro publicó en Granma un artículo en que los calificó de "indignos" y aseguró que “la miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno" despertó en ellos ambiciones que ilusionaron a los enemigos de Cuba.

Conrado Hernández era en realidad un informante de los agentes del CNI, el servicio secreto español.

La Seguridad del Estado registró el 27 de febrero de 2009 las oficinas de la SPRI en busca de pruebas definitivas, aunque Hernández ya había sido grabado por la Seguridad del Estado cubana en el restaurante El Templete de La Habana Vieja con dos agentes del CNI en 2007.

Representantes del CNI en La Habana -adscritos a la Embajada española- negaron cualquier vinculación con el caso. Sin embargo, el entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, anunció a mediados de mayo el relevo definitivo de los miembros del CNI implicados.

Según admitió el propio Hernández en un video que las autoridades cubanas mostraron de forma reservada a cuadros del Partido Comunista (PCC) para justificar las destituciones, había aprovechado su amistad y cercanía con Lage y Pérez Roque para saber qué cambios se preveían en las alturas y pasar esa información al gobierno español.

Según el vídeo, Hernández recogía información confidencial sobre la vida de las autoridades de la isla en fiestas a las que concurrían, principalmente en la finca de su propiedad en Matanzas, a las cuales solían asistir el exvicepresidente Lage, su amigo de infancia, además de Pérez Roque y Castellanos Lage.

En esas fiestas los amigos se habían mofado de la avanzada edad de los hermanos Castro, insinuando que era necesaria una renovación generacional que acabara con la gerontocracia.

En la finca de Arcos de Canasí, ubicada en la zona de Bacunayagua, en Santa Cruz del Norte, actual provincia de Mayabeque, se organizaban encuentros relajados de fines de semana. Aparentemente, durante las fiestas Hernández grababa las conversaciones y después las pasaba a la inteligencia española. Pero la inteligencia cubana también tenía su teléfono intervenido y llevaba años grabándolo.

Entre los supuestos secretos que Hernández habría intentado conseguir había detalles de la enfermedad de Fidel Castro, quien en julio de 2006 había traspasado el poder a su hermano Raúl.

Hernández estaba casado con una teniente coronel del Ministerio del Interior cubano, Amalia Isla, que trabajaba en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). En el video presentado por el PCC, Isla admite que su marido le pedía información sobre la salud de Castro y llega a decir que Hernández pasó de "ser un revolucionario" a trabajar "como espía".

El caso fue puesto en manos de uno de los fiscales más temidos de Cuba, el General de Brigada Juan Escalona, quien logró en 1989 las condenas a muerte por fusilamiento para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia y otros dos militares. El juicio contra Hernández fue celebrado a mediados de marzo de 2011, en el Tribunal de Diez de Octubre, con la participación de al menos 20 testigos. No trascendió la sentencia, aunque se sabe que Hernández admitió su culpabilidad y que el fiscal solicitó 20 años de privación de libertad.

El Código Penal cubano estipula sanciones de 10 a 20 años de cárcel o pena de muerte por actos de espionaje en favor de los servicios de un estado extranjero, y hasta 15 años por la revelación de secretos políticos, militares, económicos o de cualquier naturaleza que conciernan a la seguridad nacional.

Además de Hernández, Castellanos Lage también fue puesto a disposición de la fiscalía, pero en 2011 terminó excarcelado.

La esposa de Hernández, Amalia Isla, fue inhabilitada para ejercer la profesión médica y puesta en reclusión domiciliaria durante varios meses. La hija de Hernández consiguió salir del país y reside actualmente en Canadá.